Plenercan
y Ley Eólica: una farsa a la carta
Plataforma
para la defensa del Sur de Cantabria
No hace mucho, al
aprobarse el PLENERCAN 2014-2020, que ahora ocultan tras el nombre de Plan de
Sostenibilidad (PSEC 2014-2020), denunciábamos que el gobierno actuaba con
nocturnidad, alevosía y prisas e incumplía imperativas normas legales, en especial
referidas a la información y participación política ciudadana que impone el
esencial y vinculante Convenio de Aarhus;
políticos, Fiscalía y bancos no parecen ver la participación como
exigencia legal para “fortalecer la
democracia en la región” y ser
“garantía del derecho ciudadano a tomar decisiones en asuntos medioambientales
y a proteger el derecho a vivir en el medio ambiente adecuado para la salud y
el bienestar de todos”. No entienden que sólo con participación puede haber
democracia.
El Plenercan aprobado,
además, modifica lo sometido a información pública, no tiene previa
planificación genérica (PROT, Plan eólico, Ley del Paisaje, incumplimiento de la del Suelo ,…), se apoya en la
Ley 54/1997, Sector Eléctrico, no en la 24/2013 vigente, que exige abandonar la
planificación 2012-2020 y adaptarse al escenario de crisis, sabiendo que “el apoyo a las energías renovables, se sostiene en oscuros intereses
privados y de Administraciones, grupos políticos, sindicales y no
gubernamentales, dificultando la defensa de las posiciones de las comunidades
locales” y, pese a ello, potencia oscuramente la eólica, que tiene en
trámite 794,12 Mw, que superan los 707,4 del PSEC y, sumados a los suspendidos
por sentencia del TSJC, 2.055,62, algo que es desorbitado, canalla e inasumible.
Gravísima inseguridad
jurídica que resolverán los Jueces y una dolorosa farsa que se agrava con la
Ley 7/2013, de aprovechamiento eólico de Cantabria y, aun más, con el
clandestino artículo 17 de la Ley 7/2014, de acompañamiento de los Presupuestos,
que anula o cambia radicalmente, privándolos de contenido social, veintiuno
de los veintinueve artículos y dos disposiciones (adicional y final) de la
primera, propiciando adjudicaciones a dedo y, más grave, que los
adjudicatarios no aporten ni un solo euro para el muy publicitado y vacío Fondo
de Compensación Ambiental que, se decía, aliviaría el daño que se causara a
los afectados por los parques; no se va a exigir a las empresas ninguna
aportación compensatoria socio-cultural, ambiental o económica,…
Es una burla decir, como hace el Gobierno, que la eólica
es “una actividad más en el medio rural y
contribuye a la creación de empleo en las zonas más desfavorecidas del
territorio y a la fijación de población en el entorno” y que “mejore
las condiciones de vida y bienestar de
la población que vive en el mundo rural”, pues no crea empleo en el medio
rural, que es sólo receptor de daños, perjuicios y graves
impactos sobre la salud de las personas (ruido del giro mecánico y el
roce del viento, ultrasonidos, lantánidos, daños que dependen de las zonas
geográficas y el exceso de instalaciones, “esbatimento”
o “efecto discoteca”, sombras de la luz solar proyectada sobre los
aerogeneradores, ráfagas lumínicas por la noche,...), al tiempo que, en nuestro
caso concreto, rompe la alta conectividad ecológica de los valles del Sur en el
Gran Corredor ecológico Sierras del Norte de
Portugal-Cordillera Cantábrica-Pirineos-Macizo Central-Alpes Occidentales,
corredor fundamental para la preservación de la diversidad genética y daña
valores medioambientales, altísimos en los valles del Sur.
Puso la guinda a la farsa Ignacio Diego
al informar en los medios -y a nadie más- que “ya hay proyectos para parques eólicos”, sin profundizar, “sin embargo, en el estado de tramitación en
que se encuentran estos proyectos, ni en la cantidad y tampoco en su contenido”,
algo respecto a lo que, tras muchos esfuerzos y aún ninguna fotocopia, hemos podido
comprobar que, en aquel momento, era rigurosamente incierto, pues no había
ninguna solicitud nueva en trámite, sino simplemente los estertores de una muy
vieja, de 2008/9, de la vasca Koly Green
Otro día explicaremos cómo,
coincidiendo en el tiempo con la aprobación de los recortes de la Ley 7/2013,
de aprovechamiento eólico, los últimos días de 2014, un viejo conocido del
gobierno y nuestro, Biocantaber, S.L., tras la que se esconde Iberdrola,
adjudicataria ya en el anulado concurso eólico, presentaba otra vez sus
proyectos en el Registro de las nuevas y flamantes oficinas de la Consejería de Industria, las mismas que
ocupara Apia XXI hasta fracasar y ser, dicen, muy bien indemnizada con dinero
público. Sorprendente e ilegalmente, de ello no ha alardeado aun en público el
presidente.
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