18 agosto 2017. Actos del 70 aniversario del cierre de las compuertas del pantano del Ebro


Viernes 18 agosto 2017,


Arroyo 17,30 h. Placa conmemorativa y ramo de flores en honor a los afectados y de los presos que trabajaron en las obras.


Reinosa 19:30 en la Casa de Cultura frente al Ayuntamiento, presentación del libro “El pantano del Ebro. Los Resistentes” de Jesús Fernández Navamuel


Las vidas que anegó el pantano del Ebro

El agua inundó pueblos enteros y obligó a miles de personas a dejar su hogar sin compensación alguna


Jesús Lastra, El Diario Montañés 14-08-2017

Amparo González suma ya 93 años, una edad considerable que sobrelleva con un excelente estado, tanto físico como de memoria. Por ese motivo los recuerdos se le agolpan en el discurso al volver a ver el inmueble que tiene ante sí, rebelde ante el paso del tiempo y el olvido. “Ahí me bautizaron y años después me casé. De hecho, nací en una casa a escasos metros de aquí”, asegura señalando a los restos de la antigua iglesia de Santa María La Mayor, cuya torre aún emerge en su totalidad cuando el Pantano del Ebro se sitúa por debajo de la mitad de su capacidad. El templo se levantaba sobre la localidad de Villanueva, junto a Las Rozas de Valdearroyo, pueblo que fue parcialmente anegado entre 1947 y 1948 después de que se procediera al cierre de las compuertas, la culminación de una infraestructura llamada a traer el progreso pero que provocó que miles de personas en el sur de Cantabria y en el norte de Burgos tuvieran que dejar su hogar y recuerdos de infancia, que quedaron sepultados bajo la balsa de agua destinada a garantizar el suministro a los campos agrícolas de Aragón. Todo ello, reprochan los afectados con una indignación que el transcurso de las décadas no logra borrar, sin cobrar las ayudas prometidas cuando empezaron las obras.

Más: (…)

EL DESARROLLO EÓLICO: TODO UN PLAN. 16-08-2017. Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria. CORE


El desarrollo eólico: todo un plan
Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
16-08-2017

Cuando en Cantabria no hay ni un proyecto eólico real en trámite, la organización ecologista sin personalidad jurídica "Cántabros por la ordenación regional de la energía", CORE, "pide al Gobierno que acometa con valentía un plan de desarrollo eólico".

Seguramente se creen la falacia de Manuel Huerta, Asociación Eólica y Crossfield Engineering -la nada del pelotazo rápido en inglés- de que el recurso eólico de nuestra región es “el más potente de Europa y está parado”,  pese a que en las generosas subastas celebradas este año ninguno de los consorcios entre los que Revilla repartió el Concurso eólico ha obtenido aquí un solo Mw -Crossfield, 8 ó 9 en Levante- en las pujas que lo que realmente hacen no es subastar Mws., sino despojar el territorio a sus propietarios.

La cosa está muy clara, contra lo que miente Revilla, aquí no se está tramitando ni un Mw. eólico, pese a lo cual CORE convoca una sorpresiva rueda de prensa y, a partir del nada científico y enterrado estudio de la Universidad, encargado a la carta y pagado por el Gobierno Revilla/Gorostiaga para meter con calzador los invasores 1400 Mw del ilegal "Concurso", en el que participó alguno de CORE, afirman que es buen momento para el "desarrollo eólico".

Suponemos que su propuesta exigirá respeto a su infografía molinos/bahía para que nadie les estropee las vistas desde el chiringuito Botín y el Paseo de Pereda ¿Quién es CORE, que ni siquiera tiene personalidad jurídica? ¿Quién le ha dicho que Cantabria precisa un  desarrollo eólico? ¿Defenderán ellos en persona la implantación de los Mws. que resulten ante los perjudicados? ¿Desconocen, acaso, que con el último concurso se han cubierto las exigencias del 20x20x20? ¿Cuándo piensan que se adjudicarán los Mws. que consideran desarrollables?

Difunden, además, que el PROT ha tenido un inicio de tramitación "muy positivo", "brillante", con un "excelente proceso de participación" y que, por ello, es en él donde debería incluirse ese "necesario" desarrollo eólico, por lo que, si tan excelente fue la participación, ¿pidieron que se incluyera en el PROT el desarrollo eólico?, ¿no les hicieron caso?,  ¿de verdad han "participado"?, ¿podrían, por otra parte, informarnos de qué es lo que ordena el PROT?, ¿cómo es posible que, a día de hoy, tan benéfico PROT, no contenga ni una sola referencia a los molinos o el fracking, o...?,

Intuimos, además, en todo ello un cierto tufo a política sectaria, a eliminar a los que molestan de la D.G. de Medio Ambiente (freno, junto a la Plataforma, de las ilegalidades de Industria) y sustituirlos por alguno de su cuerda que, tras haber participado desde un puesto muy relevante en el ilegal y anulado "Concurso eólico", ha publicado una Tribuna de prensa proponiendo, como ellos, un nuevo e innecesario proyecto de "desarrollo eólico".

Todo parece un montaje tan evidente como el hecho de que en el primer concurso todas las adjudicaciones en España fueran eólicas y, tras pasar solo dos meses, en el segundo casi todas hayan sido fotovoltaicas ¿Quién nos lo puede explicar?

Si nos limitamos a Cantabria y todos los que pretenden implantar parques eólicos son tan potentes como dicen ¿nos pueden explicar también que, entre las dos subastas, les hayan adjudicado 0 Mw y, aliado con General Electric, los haya arrasado un charcutero aragonés?

Lo cierto es que aquí lo han tenido demasiado fácil y no es cierto que Medio Ambiente sea más estricta que en otros sitios, ni la tramitación más compleja, siendo su único problema que, aún hoy, después de que se les hundiera el chiringuito del ilegal Concurso, pretenden colarnos los molinos igual que entonces, sin siquiera respetar las mínimas normas medioambientales, ni las zonas LIC, ni una previa ordenación en el simulacro de PROT, ni un Plan Eólico, ni una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), ni nada de nada…

Los “buenistas” crecen como setas e, ignorantes o falsos, proponen negociar un innecesario "desarrollo eólico" con la Administración/lobby y los listos/empresas de siempre, quedando solo por fijar cómo se repartirá lo suyo esa parte del "negocio", pero siendo evidente lo que tocaría a los afectados, la otra parte, los  actuales propietarios del territorio, perder como siempre.

Estamos, ya, en tiempo de definir de qué lado estamos todos, tanto los multiemprendedores, que hoy se limitan a ser, en su beneficio, coartada legal para los proyectos, los autodefinidos como expertos defensores ambientales, las cooperativas de energía, los patrocinadores -en teoría- de la generación distribuida y la soberanía energética, los municipios y los propietarios de los grandes montes comunales,...


Y, a partir de ello, entonces sí, promover sin límites un público debate conceptual sobre planificación energética, no solo eólica. Ahí esperamos.

El campamento romano de El Cincho en El Escudo, clave para la conquista de los cántabros y la Pax Romana.

Foto: Plataforma

Identifican en El Cincho el campamento desde el que Augusto culminó la conquista

Las campañas arqueológicas de la Universidad de Cantabria en Campoo reconstruyen episodios de la historia regional entre el siglo I antes de C. y el siglo III

JOSÉ LUIS PÉREZ Diario Montañés,10 agosto 2017, 

El emperador Augusto viajó a Tarraco en el año 27 con la intención de participar y ponerse al frente de las guerras contra cántabros y astures y, de este modo, culminar la conquista de la Península y fortalecer su figura personal al frente del Imperio. Ahora, investigadores del Grupo Arqueología e Historia en el Imperio Romano de la Universidad de Cantabria (UC), dirigido por José Manuel Iglesias, en concreto el arqueólogo Manuel García Alonso, responsable de las excavaciones en el yacimiento de El Cincho (La Población, Campoo de Yuso), identifican los dos campamentos localizados en este enclave al norte del embalse del Ebro como el punto de partida para la batalla definitiva en las campañas del año 26 o del 25 antes de Cristo.

Más info:

Segundas Alegaciones y ampliación de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria a la aprobación inicial del PGOU de Valderredible. Agosto 2017

Monte Hijedo, al fondo La Serna, donde han proyectado 
un megaparque industrial eólico, denominado La Milla-El Horno

Segundas alegaciones aprobación inicial PGOU Valderredible
AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE.- CANTABRIA

.................................................................., en condición de presidente de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el núm. ....................y con domicilio a efectos de notificaciones en ....................................................................................., Cantabria, EXPONE:

Con fecha 2 de junio de 2017, tras haber sido aprobado, el 24 de mayo de 2017, provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana de Valderredible, "habiéndose producido variaciones que afectan sustancialmente a criterios básicos del Plan" publicaba ese Ayuntamiento anuncio en el BOC sometiendo el mismo "a un nuevo período de información pública por plazo de 45 días", referido a la "aprobación inicial y exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana junto con el Informe de Sostenibilidad Ambiental", dentro del cual, reiterando por su plena vigencia algunas de nuestros anteriores razonamientos en este mismo expediente, procedo a formular las siguientes ALEGACIONES:

Primera.- Falta de información y participación política ciudadana.-
El presente argumento es, por sí solo, motivo suficiente para producir, a tenor del artículo 62 LRJPAC, la nulidad de pleno derecho de toda la tramitación de ese PGOU. 
En la Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa”, el 25 de junio de 1998 se firmaba el conocido como Convenio de AARHUS, ratificado por España el 29 de diciembre de 2004 y transpuesto a nuestra normativa en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se garantizan los derechos de participación política ciudadana y de acceso a la información y la justicia en materia medio ambiental, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE.
Conocido y respetado en Europa con la excepción, quizás única, de nuestra Administración, tiene como finalidad proteger eficazmente el derecho de los ciudadanos a ser informados, participar en la toma de decisiones previas, elaborar planes y programas con contenido ambiental y, en los casos en que no se les permita el correcto ejercicio de tales derechos, acceder fácil y barato, gratuito incluso, a la Justicia.
El artículo 2, apdo. 2 de la Directiva 2003/35/CEE dice que “los Estados miembros garantizarán que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación y en la modificación o revisión de los planes o de los programas (…)”, garantía que en este trámite concreto ese Ayuntamiento se ha limitado a sustituir, como se puede comprobar por el más simple examen del expediente, por un simulacro sin ninguna eficacia práctica.
Ya que tal artículo fija un criterio ineludible en actuaciones administrativas con la importancia ambiental del PGOU de Valderredible, el Convenio y la Ley 27/2006, al desarrollar tal Directiva, obligan a la Administración a la más transparente, reflexiva, documentada y participativa actuación en la toma de decisiones previas como en la elaboración y aprobación de Planes, la ausencia de una correcta y objetiva información que ha concurrido en este caso invalida toda la actuación en su conjunto y obliga a propiciar una real participación ciudadana, un debate real y público en el que participen todas las razones e intereses en litigio.
Fijando el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, del Procedimiento Administrativo los casos en que los actos administrativos son nulos de pleno derecho, entre otros, “a) los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional” o “e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (…)”, podemos concluir que nos encontramos ante una actuación administrativa nula de pleno derecho.
Descendiendo en el detalle, establecida por el Convenio de Aarhus la exigencia de propiciar y potenciar la participación ciudadana en los asuntos con relevancia medioambiental, su fuerza obligatoria fue recogida en España en la Exposición de motivos de la Ley 27/2006, al precisar que esa participación “se extiende a tres ámbitos de actuación pública: la autorización de determinadas actividades, la aprobación de planes y programas y la elaboración de disposiciones de carácter general de rango legal o reglamentario”, advirtiendo en su Exposición de motivos que “se limita a establecer el deber general de promover la participación  real y efectiva del público” y que deben ser las Administraciones concernidas las que, además de establecer normas de participación en cada caso deberán “ (…) velar por el cumplimiento de una serie de garantías reconocidas tanto por la legislación comunitaria como por el Convenio de Aarhus, (…):          
           1) hacer públicamente accesible la información relevante sobre el plan, programa o disposición normativa,         
           2) informar del derecho a participar y de la forma en que lo pueden hacer,          
          3) reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en las que estén aun abiertas todas las opciones de la decisión que haya de adoptarse,
         4) justificar la decisión finalmente adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de participación. (…) y
         5) determinar qué miembros del público tienen la condición de persona interesada y pueden, por consiguiente, participar en tales procedimientos”.

El más leve examen de este expediente permite concluir que en él no solamente no se han cumplido tales garantías sino que se evidencia el mayor desinterés en hacerlo.

La obligatoria eficacia del Convenio y de todas las normas de desarrollo del mismo trata de evitar que por medio de un confusa actuación burocrática en el trámite se prive al ciudadano del exacto conocimiento de las razones y efectos de cada actuación, de las decisiones previas y de la participación en los trámites, hurtándole la claridad que en el acceso a la información y la real práctica de la participación política ciudadana se impuso en Aarhus; se trata de impedir que se nos aleje, pues, de una real democracia.
La participación sociopolítica no es únicamente poder alegar, sino que la población afectada intervenga durante todo el proceso de decisión, elaboración y aprobación, con conocimiento suficiente para construir junto al resto de los actores el modelo de desarrollo más conveniente.
Habiéndosenos otorgado ya a la Plataforma la condición de “persona interesada” en el expediente, nada procede alegar ya al respecto.
A tenor de lo dicho, para cumplir las exigencias del Convenio de Aarhus y la normativa que lo desarrollo, sería preciso, cuando menos, 1) reiniciar el trámite del PGOU, 2) difundiendo, con la mayor amplitud y detalle, entre las Asociaciones y los particulares interesados la documentación que esté en su origen y 3) recogiendo de modo mucho más claro al planificar la actual situación legislativa y socioeconómica.

Segunda.- Falta de PROT.-
Agrava lo anterior la circunstancia, que solo precisa una elemental valoración jurídica, de no existir una planificación previa que ordene las infraestructuras en el territorio, llevando a situaciones como que al analizar los parques eólicos y sondeos previos al fracking previstos en la zona, se pueda comprobar que incluso se superponen unos y otros en el territorio, por ejemplo en el caso de El Coto 2, en ese Ayuntamiento.
Sin necesidad de ser exhaustivos en la exigencia que vincula a ese Ayuntamiento de partir de un PROT previo al PGOU, basta ver que, hace ya dieciséis años, el artículo 10.1 de la Ley 2/2001, del Suelo de Cantabria, dice taxativamente que “la ordenación del territorio se llevará a cabo mediante el Plan Regional de Ordenación Territorial, las Normas Urbanísticas Regionales y los Proyectos Singulares de Interés Regional”, al tiempo que el 11.1 de la misma Ley impone al PROT “identificar las pautas generales del desarrollo de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para la ordenación del territorio, establecer las prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito de las infraestructuras y definir el modelo territorial" que proporcione a las demás Administraciones Públicas para el ejercicio de sus respectivas competencias, fijando en el apartado 2 del mismo artículo como funciones concretas del PROT, entre otras, “a) enunciar con carácter global los criterios que orienten los procesos de asentamiento en el territorio de las distintas actividades económicas y sociales en el marco, en su caso, de los ejes de desarrollo prioritarios derivados de la normativa de aplicación de los Fondos Europeos de cohesión y de otros Planes de Desarrollo Económico” y “b) establecer un marco de referencia para la formulación y ejecución de las distintas políticas sectoriales del Gobierno autónomo”.
No puede ser, pues, más evidente la obligatoriedad de la elaboración de un PROT previo al PGOU.

Tercera.- Alegación al sector industrial de San Andrés de Valdelomar.-
Tal sector industrial no es sostenible económica ni medioambientalmente y, por ello, pese a que las alegaciones ya anteriores implican la nulidad de lo tramitado, por su repercusión en el municipio, merece la pena efectuar las siguientes consideraciones:
          1) hay alternativa en el propio municipio, pues, históricamente, la industria de Valderredible se ha instalado en Polientes, donde está  previsto un sector industrial de 13 Has., bien comunicado con la autovía de la meseta mediante la carretera CA-272, en buen estado de uso,
          2) también hay alternativas en municipios cercanos, pues a 7 y 25 Km del sector, en Aguilar de Campoo y Reinosa hay sendos polígonos industriales con buenas conexiones con la A67 y abundante suelo disponible, urbanizado y listo para implantar nuevas empresas,
          3) es un polo de atracción de industrias peligrosas, que pueden convertir San Andrés, por la proximidad a Reinosa y Aguilar, en sede de este tipo de empresas,
           4) es una agresión al modo de vida de la zona, en la que una buena parte de su población vive gracias a un sector agroalimentario fuerte y consolidado, siendo un peligro posibilitar la implantación de actividades que dañen el medio natural en que se basa en buena medida el prestigio de esa importante industria agroalimentaria
            5) es un ataque a otra fuente importante de ingresos local, el turismo, basado en las riquezas natural y cultural; la aparición de industrias en ese lugar es una mala presentación del Valle, dañando el paisaje y el atractivo patrimonio paisajístico y cultural de la iglesia de Cezura, declarada BIC, en uno de los principales accesos,
            6) en la población más cercana, Cezura, municipio de Pomar de Valdivia, no hay una red de saneamiento capaz para dar servicio al nuevo uso propuesto y exigiría instalar una depuradora de aguas residuales, incrementando mucho el coste de la obra de urbanización precisa, frenando su realización por los propietarios y frenando la posibilidad de atraer a otras actividades más deseables para la zona.
            7) a escasa distancia están el Cuevatón de Cezura y la  iglesia románica de Cezura, ambos BIC y carta de presentación al románico y rupestre de Valderredible, propuesto como Paisaje Cultural Europeo por la alta concentración de monumentos y por poderse contemplar los mismos tal y como fueron construidos en el siglo XII en uno de los lugares de mayor calidad paisajística de Cantabria y Palencia,
            8) a menos de 2 kms. está el Centro de Interpretación del Rupestre, muy costoso, con muchos visitantes y turistas y, como lo anterior, estratégicamente situado a la puerta de la ruta del románico y rupestre que baja hacia Polientes y, por último,
            9) tratarse de un Suelo hoy catalogado Rústico de Especial protección, lo que hace que el propio arquitecto redactor del PGOU lo destaque  como uno de los principales valores de Valderredible. 

Cuarta.- Ampliar la prohibición de instalar infraestructuras eólicas y actividades vinculadas al fracking a todo el ámbito territorial del municipio de Valderredible o, alternativamente, al menos al del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Monte Hijedo y Bigüenzo (en tramitación).-
En el Doc. II, Normas Urbanísticas del PGOU frente al que alegamos, Documento de aprobación provisional, de mayo de 2017, en el Capítulo XIII-8 Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica (pág. 210), el art. 506. Régimen del Ámbito del Bosque del Monte Hijedo establece que
"1. En todo el ámbito del bosque del Monte Hijedo no se permite la instalación de aerogeneradores aislados ni de parques eólicos para la producción de energía.
2. La producción de uso señalado en el punto anterior se extenderá en una franja de 500 metros paralela a la línea exterior de delimitación del ámbito de Especial Protección de Protección Ecológica que afecta al bosque.
3. Tampoco se permitirá la realización de conducciones (aéreas o soterradas) para el transporte de la energía que discurran por el interior del ámbito de Espacial Protección de Protección Ecológica anterior".
Entendemos que dicha prohibición debería ser ampliada a los límites territoriales del municipio o, alternativamente, cuando menos a los propuestos en el Anexo 2 de la Orden MED/6/2016, de 5 de febrero, por la que se acuerda la iniciación del proceso de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos naturales del Monte Hijedo y Bigüenzo (BOC núm. 32, 17/02/2016), que abarcan una superficie de 3.706,86 Has. dentro del término municipal de Valderredible, referencia que, sorprendentemente, no se cita en ningún lugar del Documento de Aprobación inicial de ese PGOU.
Es objetivo principal de dicha Orden y la Ley 4/2006, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, que crea la Red de Espacios Naturales Protegidos, configurar un conjunto suficiente y coherente de sistemas naturales interconectados que aseguren la conservación de los recursos naturales y de la diversidad, siendo evidente además que, en el caso del Monte Hijedo, si la prohibición de implantar parques industriales eólicos (y fracking) se limita a los 500 metros propuestos no sería suficiente para asegurar su conservación, pues tal conservación sólo es posible si asegura la conectividad ecológica con otros espacios naturales protegidos próximos, como el LIC ES1300013 Rio y Embalse del Ebro y la ZEPA ES0000253 Hoces del Ebro, siendo evidente que la implantación de tan agresivas infraestructuras en su entorno cercano supondría un efecto barrera insalvable, que rompería la conectividad necesaria para una correcta conservación de los ecosistema forestales.
La conservación de masas boscosas de la relevancia del Monte Hijedo sólo es posible si forma parte de un corredor forestal mucho más amplio que asegure el intercambio genético de las especies de flora y fauna y permita la regeneración y extensión natural a lo que antaño fue el conocido como Gran Hijedo, que abarcaba no sólo los límites propuestos por el PORN, sino que llegaban incluso hasta el Ebro por el oeste y por el sur, motivo que justifica sobradamente nuestra propuesta de ampliación protectora a todo el territorio de Valderredible.
Corredor forestal entre Aldea y Bárcena de Ebro
A los anteriores argumentos, suficientes por sí, se une el hecho conocido de que la zona forma parte además, a una escala geográfica más amplia, del Gran Corredor Ecológico del Sur de Europa: Sierras del norte de Portugal-Cordillera Cantábrica-Pirineos- Macizo Central-Alpes Occidentales, en cuyo Plan Estratégico y Directrices se citan como principales amenazas a su conectividad la pérdida de la diversidad de paisajes y el efecto barrera que suponen los parques eólicos (y el fracking) y sus infraestructuras de acceso, transformación y transporte de la energía generada.
Gran Corredor Ecológico del Sur de Europa: 
Sierras del norte de Portugal-Cordillera Cantábrica-Pirineos- Macizo Central-Alpes Occidentales,

En azul lugares del Corredor natural del sur de Europa 
en la Cordillera Cantábrica incluidos dentro de la Red Natura, 
En rojo los valles del sur de Cantabria, que en su mayoría,
 no se han incluido en la Red Natura y donde se rompe la conectividad
Tiene todo lo anterior una importancia tal que exige, por sí solo, una nueva tramitación, con la más amplia información y debate público, a los fines de determinar y decidir lo solicitado por nosotros.

Por todo ello,

SOLICITO DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE, CANTABRIA que tenga por presentado este escrito y, en el trámite de la aprobación inicial del PGOU de ese Ayuntamiento, por efectuadas estas SEGUNDAS ALEGACIONES que en el mismo se contienen para, tras los trámites legales precisos, acordar, por las razones expresadas, la toma en cuenta de todo lo argumentado, considerándosenos parte en el expediente y notificándosenos, por ello, cuanto al respecto se acuerde en el mismo.

En Valdeprado del Río, Cantabria, a cuatro de agosto de dos mil diecisiete.


Ampliación segundas alegaciones aprobación inicial PGOU Valderredible
AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE.-

....................................................................., en condición de presidente de la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL SUR DE CANTABRIA, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el núm. ................y con domicilio a efectos de notificaciones en ...................................................................................., Cantabria, EXPONGO:
Con fecha 4 de agosto presentaba nuestras segundas alegaciones a la aprobación inicial PGOU Valderredible publicada por segunda vez el 2 de junio de 2017, con relación a la cual, en tiempo y forma procedo a formalizar la siguiente AMPLIACIÓN A NUESTRAS SEGUNDAS ALEGACIONES:

Primera.- Efectos de la implantación de grandes parques eólicos industriales en el territorio.-
En la pág. 132 del Doc. 1 de la Memoria del PGOU se dice que “la posible implantación de un parque eólico en Valderredible generaría importantes beneficios sociales, empleo, desarrollo del tejido industrial en el municipio e inversiones indirectas”, afirmación que es evidentemente incierta, ya que los parques industriales eólicos, lejos de generar tales efectos, conllevan negativos impactos socioeconómicos y destrucción en el territorio en que se implantan.
La contundente afirmación del PGOU es gratuita, sin ninguna razón que la apoye, una falsedad mecánicamente utilizada por las corporaciones para intentar justificar y dulcificar los dañinos impactos de sus agresivas infraestructuras eólicas, mostrando una seria tesis realizada en Galicia que tales instalaciones industriales no generan desarrollo rural sino, al contrario, daños socioeconómicos sobre el territorio en que se implantan, limitando las posibilidades del resto de las actividades en el mismo, como la agrícola, ganadera, cultural, deportiva,... o el turismo rural, con lo que se anula la falsa publicidad que criticamos, algo que no ha sido evaluado ni en el PGOU de Valderredible, ni en el PSEC Cantanbria 2014-2020 ni, aún menos, en el inexistente PROT, que debiera haber servido de base a la planificación regional desde hace dieciséis años.

Sin ánimo exhaustivo, entre tales dañinos impactos, podemos destacar:

1. Ocupación y deterioro de gran superficie del territorio con mamotretos de 175 m de altura, kms. de pistas, tendidos de alta tensión, subestaciones transformadoras, etc.

2. Injustificada e injusta apropiación de montes comunales por las multinacionales eléctricas, impidiendo los usos tradicionales. 

3. Depreciación de dicho territorio, que sentencias judiciales en Francia y Países Bajos han evaluado entre el 28 y el 46 %, según la cercanía de los parques, devaluación que llega incluso a imposibilitar de venta de las viviendas situadas en la zona.

4. Caída de los ingresos locales de la Administración por la citada depreciación, el desistimiento de la rehabilitación de lo ya construido y la falta de nueva edificación.

5. Descenso del turismo, estimado en los estudios en un 15-20%,

6. Creación de muy poco empleo -exclusivamente temporal para la implantación-, muy cualificado y ocupado por personas generalmente ajenas al territorio dañado.

La eólica no hace, pues, que crezcan empleo, tecnología, calidad de vida,…; se trata de una industria agresiva con la que las grandes corporaciones se limitan a generar -para venderla cara en su beneficio- energía eléctrica y, diga lo que diga el reclamo, no es “energía verde.

Rechazamos  tan nocivas estructuras industriales 1) por su ilegalidad, 2) por su falso disfraz de “verdes”, 3) por el incontrolado poder de multinacionales, bancos y especuladores que las manipulan, 4) porque los proyectos nos son impuestos, sin información ni debate previo y 5) porque el ciclo de vida de tal energía -insegura y, por ello, exigente de una doble generación de garantía- dilapida recursos no renovables, como hormigón,  estructuras metálicas, cobre, lantánidos, aceite,…, lo que, junto a los daños que causan los molinos, pistas, líneas de alta tensión, subestaciones,…, aniquila la vida en el territorio afectado.

Por ello y lo argumentado en anteriores escritos, nos oponemos incluso a la más leve posibilidad de implantar infraestructuras eólicas en el territorio de Valderedible.

Segunda.- Intervención del Arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren en la redacción del PGOU.-
Al respecto, por el momento me limitaré a significar que el citado Arquitecto, como es muy fácil comprobar en Google y por otros medios, está sólidamente vinculado a Banco Santander y familia Botín (irregularidades de "la trama Gürtel" en la Ciudad Financiera del Banco en Boadilla del Monte, Centro Botín,...) con actividades susceptibles de ser investigadas por sus más que posibles repercusiones penales, siendo, por otra parte, innecesario recordar la importante presencia de Banco Santander -directa y financiera- en el pretendido y supuesto desarrollo eólico en Cantabria, habiendo llegado a ser beneficiario de un lote en el ilegal Concurso eólico.

Todo ello exige, por sí solo, otra tramitación del PGOU, con mayor información y debate público, a los fines de determinar y decidir acerca de lo señalado, por lo que,

SOLICITO DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE, CANTABRIA que tenga por presentado este escrito y, en el trámite de la aprobación inicial del PGOU de ese Ayuntamiento, por efectuadas esta AMPLIACIÓN DE LAS SEGUNDAS ALEGACIONES que en el mismo se contiene para, tras los trámites legales precisos, acordar, por las razones expresadas, la toma en cuenta de todo lo argumentado, considerándosenos parte en el expediente y notificándosenos, por ello, cuanto al respecto se acuerde en el mismo.
En Valdeprado del Río, Cantabria, a cuatro de agosto de dos mil diecisiete.

LAS "RENOVABLES" como PRODUCTOS FINANCIEROS, COMISIONES DE ARBITRAJE, PUJOLes y demás.


SE CONSTRUIRÁN 6.500 MEGAVATIOS HASTA 2020
La banca ya no lo ve tan claro y comparte el nuevo pastel renovable con el capital privado


Las entidades limitan su financiación en infraestructuras de energía verde ante un apetito renovado por las plantas de eólica y fotovoltaica que sin embargo en España arrastran algunas incertidumbres

JUAN CRUZ PEÑA 14.07.2017

España se prepara para que en 2020 estén funcionando más de 6.500 megawatios nuevos de energía renovable, fundamentalmente eólica y fotovoltaica, a expensas de conocer los adjudicatarios de al menos 3.000 MW en la subasta del próximo 26 de julio. Uno de los puntos clave para que toda esta potencia llegue en tiempo y forma, y cumplir así con los objetivos adquiridos con Bruselas, es la financiación de los proyectos. La transformación a nivel global que vive el sector energético hacia estas tecnologías menos contaminantes está generando mucho apetito por parte de los inversores. Sin embargo, en España hay una diferencia entre el 'boom' renovable que se vivió a finales de la década pasada y el momento actual: la banca ya no está dispuesta a asumir el riesgo de entonces.

"Los bancos ya no ven tan claro el panorama actual como en el pasado", señala un ejecutivo de uno de los bancos más grandes en España dedicado a estos proyectos. La principal diferencia, según explica, está en la regulación. Hasta que se decretó la moratoria renovable, en 2012, el Gobierno aseguraba unos ingresos por la producción de energía a través de renovables. Las subastas de potencia realizadas en 2016 y 2017 se han hecho con el máximo descuento a la inversión permitida, lo que en la práctica se traduce en que las plantas van a tener unos ingresos cercanos a los precios de mercado. Es decir, la nueva potencia instalada irá prácticamente sin ayudas públicas. Y es que aunque la tecnología ha mejorado de forma exponencial durante estos años, aún existen una serie de riesgos que están haciendo dar un paso atrás a los bancos.

"Existe liquidez bancaria suficiente para financiar estos proyectos, pero aún hay una serie de incertidumbres que nos hacen ser cautos", argumenta David Nogueras, director de financiación estructurada de Banco Sabadell. Este ejecutivo ya dijo en 2015 que la banca conviviría con nuevos actores. En esta misma línea se mostraba Javier Lamo, director ejecutivo de operaciones corporativas en Europa en BBVA: "El mercado de las renovables está más atomizado, con nuevos 'players", y añade que "seguirá habiendo oportunidades y muchas operaciones".

La banca ha pasado de financiar en el pasado más del 80% de los proyectos de renovables a limitar su participación a entre el 40 y el 60% como máximo. Ese hueco se está abriendo al capital privado, cada vez más interesado en este sector por las atractivas rentabilidades que ofrece. Blanca Perea, directora y responsable de energía en FTI Consulting, sostiene que los fondos "se están sofisticando" para dar cabida en sus carteras al ramo de las renovables. Los retornos que ofrecen las inversiones más conservadoras a día de hoy se han hundido a mínimos históricos. De ahí que el capital se fije en otras alternativas. El consejero delegado de una multinacional española de construcción y explotación de instalaciones eólicas y fotovoltaicas que trabaja en varios países asegura que grandes fondos como Blackrocko Blackstone están entrando en estos proyectos.

La banca ha pasado de financiar en el pasado más del 80% de los proyectos de renovables a limitar su participación a entre el 40 y el 60% como máximo

En este contexto de sofisticación, especialización y una creciente variedad de riesgos a tener en cuenta, han aparecido actores como Agere Energy & Infrastructure Partners, una 'boutique' de asesoramiento financiero centrada exclusivamente en este sector. Es la firma contratada por Forestalia, un 'player' desconocido hasta que dio la campanada en las dos subastas celebradas.

Sus componentes, Jaume Pujol, Carlos Milans del Bosch y Vicente Jorro, provienen de una larga trayectoria en la banca de inversión y la empresa. Concretamente, de HSBC, BBVA y Abengoa, respectivamente. Una experiencia que pretenden aplicar a la puesta en marcha de los nuevos proyectos que vienen, entre ellos el que se ha adjudicado más de 1.800 MW en poco más de un año, dejando con la boca abierta a los pesos pesados más conocidos dentro del sector eléctrico.

Jaume Pujol, socio de Agere Energy & Infrastructure.

Pujol explica que el nuevo marco regulatorio no permite los apalancamientos bancarios del 90% que hubo en el pasado y cree que hoy en día los niveles estarán entre el 45% y el 55%. Por ello estima que se incrementará la participación de los mercados de capital privados, tanto de deuda como de 'equity' (acciones). Según señala este experto, la mayor incertidumbre a día de hoy es la volatilidad a la hora de prever ingresos. Por un lado, hay que tener en cuenta que el recurso (sol y viento) es muy volátil. No obstante, el ejecutivo de Agere Energy comenta que si se hace un buen estudio del emplazamiento, esto se puede controlar, sobre todo para el caso de la fotovoltaica, que es más predecible.

Tanto Pujol como Nogueras, de Banco Sabadell, como otro directivo de un gran banco que financia renovables, lamentan la falta de desarrollo de un mercado de futuros de la electricidad que permita reducir la incertidumbre sobre los ingresos a percibir. Para esto ya existen productos que ayudan a conseguir financiación y reducir el interés, por mitigarse los riesgos. Aunque son varios, destacan los PPA (Power Purschase Agreement, por su siglas en inglés), que no es más que un contrato a largo plazo en el que se fija un determinado precio mínimo al que se va a pagar la energía renovable que se produzca. Grandes tecnológicas como Google o Apple, con vocación de dar una imagen de conciencia con la economía verde, ya utilizan estos productos para realizar sus contratos de suministro eléctrico.

Volatilidad del mercado

Estos derivados financieros ayudarían a controlar el otro gran riesgo en España, la volatilidad del mercado. La falta de primas que se plantea en la actualidad, aunque los topes de descuento a la inversión marcan un suelo, es la mayor incertidumbre que ven los inversores. El mercado mayorista de electricidad es capaz de marcar en poco tiempo precios que varían desde los casi 100 euros el MW/h que alcanzó en alguna hora de enero de 2017 a los menos de 30 euros el MW/h en que se encontraba un año antes.

Este fenómeno se produce por el sistema marginalista de casación de oferta y demanda que hay en España conocido como 'pool'. Algo que numerosos actores del sector creen que en algún momento convendría revisar. La penetración de renovables en el 'mix' eléctrico va reduciendo el precio mayorista de la electricidad paulatinamente, lo que canibaliza su propia inversión. No obstante, desde Agere Energy sostienen que el peso de otras tecnologías, tanto su mantenimiento como su desmantelamiento, hará que los precios de la electricidad se mantengan lo suficientemente estables como para que los ingresos de las nuevas plantas de renovables produzcan la rentabilidad esperada.

Riesgo regulatorio

Cabe destacar que los suelos que garantiza el Gobierno a los adjudicatarios de energía a través de las subastas están por encima de 30 euros por MW/h mientras en otros países como México, con un recurso solar similar al de España, hay plantas dispuestas a vender por cerca de 25 euros el MW/h.

Energía no mantendrá la rentabilidad actual a las renovables y la revisará en 2020


El último factor a tener en cuenta en España y que es fuente de incertidumbre es el regulatorio. A ningún inversor se le escapan los recortes retributivos aplicados a las renovables por el Gobierno en la última década. Por otro lado, la nueva regulación es revisable cada seis años, con lo que el régimen específico será modificado en 2019, antes de que las plantas entren en funcionamiento. Esto ha hecho que empresas como Acciona hayan decidido no participar en las subastas de renovables que ha habido hasta ahora. Las subastas ya celebradas se han librado entre inversores españoles, sin la concurrencia de extranjeros.

Los 'hedge funds' para pleitos elevan el pulso contra España por el caso de las renovables

La reforma eléctrica de 2013, cuyo objetivo era frenar el elevado déficit de tarifa que acumulaba el sistema eléctrico (llegó a 30.000 millones de euros), le ha costado a España alrededor de 30 arbitrajes por demandas interpuestas por inversores extranjeros a nivel internacional, lo que le otorga el dudoso honor de ser el tercer país del mundo con más pleitos por inseguridad jurídica, solo por detrás de Argentina y Venezuela.

España es el país que más causas arbitrales arrastra en el mundo. (Fuente: Energycharter.org)

Apetito renovable

Pese a todo, la última subasta de renovables se cerró con una demanda que triplicó a la oferta, lo que demuestra el apetito por el sector. Ahora las financiaciones que se están otorgando para renovables que han obtenido megavatios con el máximo descuento de primas posible están pensadas para depender al mínimo de la regulación y funcionar prácticamente con normas del mercado. Si acaso, lo que buscan las subastas es asegurar ese mínimo que no desincentive la inversión.

El próximo 26 de julio se conocerán los adjudicatarios de al menos 3.000 MW más. Eso sí, los descuentos para pujar son aún más agresivos que en la anterior, lo que pone un punto más de dificultad a la financiación de las plantas.

RIESGO DE UNA NUEVA BURBUJA, LAS "RENOVABLES" como instrumento financiero. Subasta "renovables" 26 julio 2017


La nueva subasta renovable se celebra hoy entre temores a una burbuja de instalaciones

Este miércoles se subastarán otros 3.000 MW de nueva capacidad verde, después de la puja celebrada el pasado mes de mayo.

PE.B., El Boletín Miércoles 26 de julio de 2017, 


El Gobierno celebra este miércoles la segunda 'macrosubasta' de adjudicación de nuevas instalaciones renovables del 2017, tras la llevada a cabo el pasado mes de mayo, en la que presión competitiva fue tal que los incentivos quedaron reducidos a cero. Pese al apetito del sector de las energías verdes tras años de barbecho, la precipitación actual del Ejecutivo en el camino hacia la transición energética ha hecho saltar las alarmas. La patronal renovable alertaba hace un mes de que la nueva puja, que pondrá en juego 3.000 MW, podría derivar en una “burbuja de instalaciones”.

Según explicaba la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, los 6.000 megavatios (MW) subastados en conjunto en el año tendrán que instalarse antes del final de 2019, lo que supone una “acumulación de potencia” a poner en marcha “en un corto período de tiempo”. Será una “carga excesiva” que “encarecerá la ejecución de los proyectos y, en última instancia, pone en riesgo la propia instalación”, advertía.

Falsa neutralidad

Las empresas achacan esta celeridad del Ministerio de Energía a la falta de planificación y piden un calendario más estudiado. Además, se quejan de la falsa neutralidad tecnológica de la puja de la que presume el ministro Álvaro Nadal.

En una publicación más reciente, el director General de APPA Renovables, José María González Moya aseguraba que “sin subastas específicas negamos a biomasa, minihidráulica y el resto de tecnologías la posibilidad de desarrollarse y experimentar la reducción de costes que han vivido eólica y fotovoltaica”. En la puja de mayo, casi toda la potencia fue a parar a la eólica, pues lo que se tiene en cuenta básicamente es el componente financiero y, en caso de empate de la oferta, tiene preferencia el proyecto que produzca durante más horas. Esta condición favorece al viento.

Al respecto el director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha señalado a Efe antes de la nueva puja que las condiciones “priorizan a la eólica y no dejan ejercer el grado de competitividad que tiene la energía fotovoltaica”.

En la puja celebrada en mayo, el grupo aragonés Forestalia arrasó llevándose 1.200 MW, cerca de la mitad, mientras que la pequeña fotovoltaica se quedó prácticamente sin nada.

El reparto del pastel "renovable" 26 de julio 2017. IBERDROLA y EDP se quedan fuera


ACS logra la mayor adjudicación de todas las subastas renovables: 1550 MW fotovoltaicos


Capital Energy el segundo adjudicatario con 720 de energía eólica, el único en esta tecnología. Endesa, Forestalia, Gas Natural, X-ELIO, Solaria y otras compañías también han entrado


JUAN CRUZ PEÑA El Confidencial 26.07.2017 

http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-07-26/forestalia-se-lleva-316mw-en-la-subasta-de-renovables-de-fotovoltaica_1421073/

ACS es el gran vencedor de la subasta de renovables en esta ocasión. A través de su filial Cobra se ha llevado 1.550MW de potencia solar fotovoltaica, la mitad de lo que el Gobierno propuso a subasta. El grupo Forestalia se ha adjudicado 316MW de energía fotovoltaica también en la puja celebrada por OMIE este mismo miércoles. Además, Enel Green Power España, propiedad de Endesa, ha logrado hacerse con 339MW. Todas las compañías han conseguido entrar en la puja con ofertas al máximo descuento que permitía la subasta, que era del 65% sobre el valor estándar de inversión de una planta para la fotovoltaica. Este descuento es mayor que en la subasta de mayo, cuando estaba en el 59%.

En la parte eólica, se han adjudicado 720MW a la compañía Capital Energy. Además, Ibervento se ha llevado 172MW y Greenalia 133MW. Las adjudicatarias de esta tecnología han entrado con un descuento de más del 80%.

X-ELIO, antigua Gestamp Renovables controlada por el fondo KKR, se ha llevado 450MW de fotovoltaica. Otro que ha logrado megavatios ha sidoGas Natural, que se ha adjudicado 250MW, mientras que Prodiel y Altenhan conseguido 180MW y 13MW, respectivamente. OPDE también ha salido agraciado, con 200MW más de solar. Además, Solaria ha obtenido 250MW de fotovoltaica. Por su parte, Alter se ha adjudicado 50MW y Gestamp Wind 24MW. El resultado aún tiene que ser validado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) en las próximas horas.

Estos adjudicatarios suman casi 4.500MW. Aunque la subasta anunciada era para 3.000MW, el Gobierno se guardaba una cláusula confidencial para que pudieran ser admitidos más megavatios a partir de 3.000 en caso de que pujara con el máximo descuento.

José Donoso, director general de la Unión Nacional Española de Fotovoltaica (UNEF), ha señalado que al entrada masiva de la fotovoltaica en el sistema eléctrico contribuirá a que "todos los españoles disfruten de una energía más limpia y barata".

Iberdrola y EDP fuera

Pese a que son dos de los grupos más grandes del sector, Iberdrola yEDP se han quedado fuera de la adjudicación. Ambas compañías se habían presentado, pero no han conseguido su objetivo. EDP consiguió 100MW de energía eólica en la subasta de enero de 2016. Sin embargo, Iberdrola se ha quedado fuera en las tres subastas celebradas hasta ahora. Fuentes del sector apuntan a que la firma presidida por Ignacio Sánchez Galán tenía preparados 1.800MW para la subasta. Sin embargo, han considerado no pujar con el máximo descuento, lo que les ha dejado fuera. Acciona, otro de los grandes 'players' de renovables, rechazó presentarse a estas subastas desde el primer momento, al considerarlas poco atractivas por su difícil diseño regulatorio.

Con respecto al descuento de la puja, la patronal fotovoltaica UNEF explica que tiene impacto a efectos de financiación, que es más difícil de conseguir cuanto más baja es esta magnitud. Sin embargo, el director general de esta asociación explicaba recientemente que todas las plantas cobrarán a precio de mercado. Estas nuevas instalaciones se suman a las ya adjudicadas que tendrán que estar listas antes de que inicie enero de 2020. Este requisito se debe a que España tiene un compromiso de producción a través de renovables del 20% del total de la energía generada.

Entra la fotovoltaica por fin

Los mayores descuentos que se preveían en esta ocasión han sido definitivos para que la fotovoltaica haya conseguido adjudicarse mucha más potencia que en la anterior subasta. Así, los expertos opinan que el corto plazo de instalación y el 80% de descuento máximo para la eólica ha sido demasiado, lo que ha dado oportunidad a la energía solar. En la anterior subasta, la eólica logró el 99% de la adjudicación, dado que en caso de empate regía el criterio de las horas de producción, en el que la energía del viento ganaba a la del sol, ya que la normativa contempla más de 3.000 horas anuales asignadas para la eólica, mientras que a la fotovoltaica se le daba un potencial del alrededor de 2.600 horas anuales.

SUBASTA "RENOVABLE" DEL TERRITORIO. 26 julio 2017. Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria

Autovía cantábrica del Electrón. Fuente REE

SUBASTA “RENOVABLE” DEL TERRITORIO

“Para el capital financiero (…) las tierras hoy inservibles pueden ser convertidas mañana en tierras útiles (…) y manifiesta la tendencia general a apoderarse de las mayores extensiones posibles de territorio, sea el que sea, (…), temeroso de quedarse atrás en la lucha rabiosa por alcanzar las últimas porciones del mundo todavía no repartidas (…)”. (“El imperialismo, fase superior del capitalismo” Lenin-1916)

Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria
surdecantabrianatural@gmail.com

El día 26, los depredadores disfrazados de una nueva “subasta de renovables” -sólo eólicas, ni un solo Mw de fotovoltaica- se quieren repartir el territorio con pequeños cómplices locales.

Dicen que la “gracia” costará cero €, pero el coste social, medioambiental, económico,… es muy alto; los consorcios multinacionales incautan el mejor territorio no urbano -el urbano ya es suyo, de muy distintos modos, véase el prototipo del Centro Botín-, se adueñan casi gratis de los mejores lugares de esta Europa urbanizada, de nuestras montañas y montes comunales para perpetuarse y hacer de ellos y de nuestra historia lo que les convenga, causando gran daño pues, por ejemplo, los parques eólicos son terribles montajes en el mejor territorio natural, comunal rústico que, además de implantar aerogeneradores de 180 m. de alto, destruyen el suelo con pistas de acceso, toneladas de metal, cientos de metros cúbicos de hormigón, líneas de transporte de alta tensión, subestaciones,… y ¡para vender más cara la electricidad!

Se engolan y hablan de cambio de modelo, de transición a un nuevo arquetipo energético que, en realidad, es lo viejo, donde solo añaden una forma más de producir electricidad, que no sustituye a las anteriores, pues es insegura. Se trata de un modelo que duplica la generación: instalan la eólica, mantienen la nuclear, aumentan las térmicas,...

Aquí, los viejos adjudicatarios del concurso eólico declarado ilegal por el TS, corporaciones y bancos a los que la sostenibilidad, la biodiversidad o el cambio climático importa un bledo, ayudados por mínimos mamporreros locales como Crossfield Engineering - la nada en inglés- y la secretista/lobbysta Consejería de Industria, pretenden mantener, de nuevo ilegales, aquellas ubicaciones y suplican que les dejen implantar algún parque eólico. Son tan congruentes que, un ejemplo, EDP solicita megaparques eólicos aquí y, al tiempo, aumenta su inversión en las térmicas asturianas de Aboño y Soto de Ribera para así asegurar su negocio hasta 2030.

Nos quieren conducir a la espiral siniestra de mayor producción, mayor consumo y mayor negocio para los de siempre, a perpetuar el modelo de generación concentrada, en lugares en que el consumo es bajo y hay que trasportar lo que se produce por enormes líneas de alta tensión a donde se consume; agresivo modo de concentrar el negocio y el poder en manos de las mismas empresas del oligopolio.

Se alejan, pues, del modelo energético distribuido, del autoconsumo de balance neto, desconcentrado, de la soberanía energética de todos...; la naturaleza nos regala las energías renovables en lugares concretos, donde sopla viento, luce sol, fluyen ríos,… y no hay daños por transporte si la generación es próxima al lugar en que se va a consumir.

Que no nos engañen, Iberdrola en el Escudo y EDP en Campoo-Los Valles no cumplen los requisitos para adjudicarse/robar nuestras tierras, pues las Consejerías de Medio Ambiente e Industria no les están tramitando ni un solo proyecto, salvo que lo hagan de forma clandestina, delictiva, corrupta,… Simplemente son parte del avaricioso y oscuro megaproyecto eléctrico del capital europeo que en Cantabria se iniciaba ilegalmente hace ya treinta años con la línea a 400.000 voltios Soto-Ribera-Penagos-Güeñes-Itxaso e incluye la estación de bombeo del salto de Aguayo, terribles subestaciones en Mataporquera, Penagos, Aguayo,… y varias superlíneas de 400.000 voltios que, todo ello, muy caro por cierto, por la costa y el interior confluyen en el País Vasco, dirección Francia, a través de la llamada autovía cantábrica del electrón, cuyo solo objetivo es transportar energía eléctrica a/de Europa y lograr que, a toda costa, los de siempre tengan súper beneficios; un negocio multinacional que nada tiene que ver con los chascarrillos sobre autosuficiencia cántabra que, con el puro en la boca, se inventa el nefasto Revilla.

Una muestra evidente del abusivo oligopolio de la producción y transporte eléctrico, que exige una excesiva e injustificable concentración de la producción en las zonas a priori más fáciles, con inasumibles impactos sobre el territorio y la calidad de vida de los afectados es el caso del sur de Cantabria, pues los megaproyectos que dicen asentarse en fuentes renovables dejan de ser inocuos/verdes por su dimensión y ocupación espacial, es cuestión de escala. Un megahuerto solar o megaparques industriales eólicos en montes públicos y tierras con histórico uso agrícola, ganadero cultural, turístico,… causan muchos e irreparables daños.

Que no hablen más, por favor, del imprescindible mallado de la red o la autosuficiencia local y regional, se trata en realidad de agresivas infraestructuras para generar un exceso de energía eléctrica que exportar a Europa, Marruecos,… y, (ab)usando del cable, Cantabria es parte de la autovía europea del electrón con las dañinas líneas de altísima tensión Soto Ribera-Penagos-Güeñes-Itxaso-Argia (Francia); Herrera de Pisuerga-Mataporquera-Virtus-Güeñes-Itxaso-Argia (Francia); La Robla-Velilla-Cillamayor-Mataporquera-Aguayo-Penagos--Itxaso-Argia; Lada-Velilla; Lada-La Robla; Soto de Ribera-La Robla; La Robla-Velilla,…

Un absurdo conjunto de muy agresivas líneas de altísima tensión que, además de la energía de los megaproyectos eólicos, transportaría la de las cinco térmicas asturianas, la de las leonesa-palentinas de La Robla, Guardo y Velilla, la de los eólicos gallegos, castellano-leoneses,… hacia el País Vasco y de allí a Francia, a través de un emisario submarino por el Golfo de Vizcaya, un Proyecto europeo de Interés Común (PCI) ¡Viva el gran capital!

La oposición contra el megaproyecto eólico Horse Creek, promovido por Avangrid (Iberdrola) en Thousand Islands, New York, en el WATERTOWN DAILY TIMES,del 15 de julio de 2017


Residents and business form River RATs to oppose Horse Creek Wind Farm

By MARCUS WOLF
MWOLF@WDT.NET

Watertown Daily times, SATURDAY, JULY 15, 2017


A coalition of residents and business owners from the Thousand Islands region have banded together oppose Avangrid Renewables’ proposed Horse Creek Wind Farm.

Members of River Residents Against Turbines, or River RATs, have hung up fliers, handed out pamphlets and created a website and a social media campaign to share information from the developer’s public involvement program plan for the project and their economic and environmental concerns, said Ross Holbrook, a founding member.

“This is like the poster-child project for poor siting of an industrial wind farm,” Mr. Holbrook said. “We understand that it would destroy the beauty, culture, economy, environment and health of this incomparably scenic, unique and world-famous region.”

Mr. Holbrook, a seasonal resident, said he and other residents and business owners from the area formed the group at the beginning of the year. The group says on its website that it supports “realistic and rational” siting for renewable energy facilities, and argues that the Horse Creek Wind Farm, planned for a site in parts of the towns of Clayton, Orleans, Lyme and Brownville, does not meet that description.

“We think it’s really important because it’s such a transformative project,” Mr. Holbrook said. “People just need to be made aware of it.”

River RATs claims the Horse Creek project would threaten aviation operations at Watertown International Airport and Fort Drum, kill thousands of birds and bats, reduce tourism, hurt property values and adversely impact the health of people who live near the project.

The group’s website argues that the project could kill between 24,000 and 72,000 birds, cause adverse health effects such as dizziness and cognitive impairment, and interfere with radar systems at Fort Drum. The website also references a Nanos Clarkson Research Collaboration Study that found Jefferson County properties with a view of turbines at Wolfe Island depreciated in value by 15 percent.

“I don’t think it will offer anything at all in regards to value added for the Thousand Islands,” said Jack L. Woodward, a River RATs member from Wellesley Island.

The coalition also argues that Avangrid Renewables lacks a “social license” from the community.

The group defines a social license on its website as an approval from community members for a business or project based on a business’s relationship with the community. Mr. Holbrook said the developer has failed to receive approval from communities such as the towns of Clayton and Orleans, referencing letters from Clayton and Orleans officials that scrutinize the developer’s promotional materials and claim the developer lacks transparency.

“That’s how you don’t earn a social license,” Mr. Holbrook said.

In addition to impacting Fort Drum’s radar systems, Mr. Woodward said he believes the facility would reduce tourism and “won’t survive” unless the developer receives subsidies. Judy E. Tubolino, a River RATs member from LaFargeville, said she was concerned about potential health impacts from infrasound and shadow flicker, as well as the site’s potential to affect Fort Drum. She also said there were too many residences within the proposed area for a wind farm.

River RATs will hold its first public information session at 7 p.m. July 26, at the Tabernacle in Thousand Island Park.

Mr. Holbrook also said the group will continue monitoring and participating in the state law Article 10 review process for the project.

“We hope to have a very good turnout,” Mr. Holbrook said about the informational session. “It’s very important for people to be aware of the project.”


Avangrid Renewables and its subsidiary, Atlantic Wind LLC, previously proposed to build 60 to 72 turbines, each up to 500 feet, for the Horse Creek project.

Paul N. Copleman, a communications manager for Avangrid Renewables, said in a statement this week that elements of the proposed design were being revised based on feedback the company received. One revision, Mr. Copleman said, involved reducing the number of turbines to 45. The revisions are still subject to change, he said.

“As you know, lots of data points and scientific analysis inform the placement of turbines, and we now need to evaluate new potential turbine locations as we continue to evaluate the area for a wind farm,” Mr. Copleman said in the statement, adding that the developer has not yet determined when it will submit a preliminary scoping statement for the project.